domingo, 16 de noviembre de 2008

LA PROLIFERACION DEL "ESTADO PARALELO"


La proliferación
del “Estado paralelo”
Pakistán y Guatemala muestran similitudes sorprendentes en la evolución y conducta reciente de sus estructuras estatales paralelas.
Este es un extracto del informe “La Proliferación del Estado Paralelo” publicado en octubre por la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE). Su autor es Ivan Briscoe, investigador especializado en temas de Paz, Seguridad y Derechos Humanos de dicha organización.
window.google_render_ad();
Pakistán y Guatemala, a pesar de sus enormes diferencias culturales y grados contrastantes de importancia geopolítica, muestran similitudes sorprendentes en la evolución y conducta reciente de sus estructuras estatales paralelas. En el caso de Pakistán, existe desacuerdo sobre la importancia que debe dárseles a las organizaciones terroristas islámicas en la promoción de grandes niveles de violencia política, y particularmente en la comisión del asesinato de Benazir Bhutto en diciembre de 2007. Sin embargo, pocos expertos disputarían los vínculos íntimos que se han tejido entre el ISI (Servicio de Inteligencia Militar) y los fundamentalistas islámicos establecidos durante la ocupación soviética de Afganistán, o el sorprendente poder político y económico de los militares.El sentir de los militares sobre las prerrogativas políticas y económicas se deriva en gran parte de la naturaleza violenta de la creación del país, así como del papel frontal que desempeñó el país como aliado de Estados Unidos en la guerra fría y, ahora en la geoestrategia contraterrorista. Este poder y riqueza no se encuentran escondidos de la vista pública, y por ello es difícil considerarlo como un fenómeno clandestino. Pero la sombra o las actividades paralelas de este Estado militarizado son notables en dos aspectos claves. Primero, existe la sospecha bien cimentada de que el Ejército pakistaní y el ISI han complotado sistemáticamente contra los gobiernos civiles, han apoyado a los partidos de oposición, se han involucrado en asesinatos dirigidos, han realizado golpes y falseado las elecciones cada vez que lo consideren adecuado. Esto obviamente representa un obstáculo para los gobiernos civiles en sus esfuerzos para cumplir con los compromisos políticos; la política exterior de Benazir Bhutto con toda seguridad fue impedida por una falta de conocimiento del programa nuclear de Pakistán. Además, el creciente poder económico de las instituciones militares claramente le da al ISI un motivo para retener el poder político, aun cuando está obligado a restaurar el Gobierno civil.Segundo, el control de los militares sobre espacios extralegales y las alianzas estratégicas que realizan por medio de su involucramiento en el separatismo de Cachemira, la insurgencia afgana y el contraterrorismo, han confundido las fronteras de la política estatal y la prerrogativa militar institucional. Los vínculos secretos del ISI con las milicias talibanes, los separatistas de Cachemira y los radicales Islámicos son notorios. Aún así estas alianzas también han dado paso al surgimiento de la actividad criminal (notablemente el trasiego transnacional de armas y comercio del opio en los años ochenta) y a un mundo subterráneo oscuro de cooperación táctica, cuya meta es favorecer los intereses, no de la política estatal oficial, sino de la estrategia militar –y cada vez más, parecería–, la de facciones dentro de los militares. Ahora existe evidencia convincente de que el ISI estuvo involucrado en el reclutamiento y entrenamiento de radicales islámicos para ataques terroristas contra civiles en Mumbai en 1993, mientras que los oficiales estadounidenses parecen estar convencidos de que la ayuda del servicio fue instrumental en el bombardeo de la embajada India en Kabul el 7 de julio de 2008. Un aspecto importante de este poder del Estado paralelo es la insistencia de los militares de Pakistán sobre el control exclusivo en las áreas de la frontera con Afganistán. En la provincia fronteriza del noroeste, Baluchistán y las Áreas Tribales, el Ejército realiza una doble campaña compleja y opaca. Mientras que sus esfuerzos aparentes de pelear contra los militantes islámicos y el talibán se utilizan para justificar importantes flujos de ayuda de Estados Unidos (por lo menos US$10 billones desde el 2001), el ISI busca preservar el apoyo de los líderes tribales de Pashtun, y mantener cautiva a una población de afganos y talibanes para defender la débil integridad territorial del país, asegurar su pase al desarrollo político en el vecino Afganistán, y servir sus propios intereses económicos y estratégicos. Discutiblemente, nunca ha fomentado las redes locales de terroristas para atraer más fondos de Washington para la guerra contra el terrorismo. La defensa del anterior presidente, Pervez Musharraf, de la prerrogativa de los militares pakistaníes en estas áreas fronterizas fue talvez una señal de una “negociación” con un Estado paralelo, no tan diferente de los arreglos informales que se han hecho con los militares de parte de los dirigentes civiles del país. Su defensa del poder extrainstitucional de los militares podría verse como para conservar el apoyo continuo a su liderazgo político, el cual estaba seriamente en descenso por una falta de bases democráticas, una creciente presión por obtener resultados contraterroristas de parte de Estados Unidos, y por la declaración de un Estado de emergencia en 2007.Una consecuencia importante de estas relaciones políticas y económicas múltiples y transversales entre los operativos de inteligencia, los oficiales del Ejército, los dirigentes políticos, los militantes y criminales organizados, es la fragmentación. El resultado es un alto grado de volatilidad y violencia, en el que la nueva milicia al estilo talibán parece haber estado actuando con el apoyo de algunas facciones disidentes del Estado.
Caso GuatemalaA Guatemala, por otra parte le falta la importancia geopolítica de Pakistán, y sus instituciones militares han sufrido reducciones significativas en sus presupuestos y en su influencia política directa desde la firma de los acuerdos de paz en 1996 –notablemente después de la disolución en 2003 del temido Estado Mayor Presidencial (EMP)–. En el primer año del Gobierno del presidente de centro–derecha, Óscar Berger, en 2004, se dio un retiro voluntario temprano a 11 mil 700 oficiales en una fuerza militar total de 27 mil 210, mientras que el presupuesto del Ejército se redujo alrededor de un 25 por ciento. Pero a pesar de estos movimientos hacia la desmilitarización, el país se encuentra afligido por niveles extremos de violencia organizada, y por la presencia de grupos criminales que dirigen cadenas transnacionales de suministro de narcóticos, con redes de apoyo dentro de las instituciones del Estado, el Poder Judicial y el sistema político; estas redes son precisamente el objetivo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la cual inició operaciones en enero de 2008, y representa un asalto multilateral pionero al Estado paralelo.Análisis recientes sobre la evolución de las redes criminales de Guatemala (como en El Salvador), indican que sus orígenes se encuentran efectivamente en los poderes extralegales y emergentes permitidos por las operaciones de contrainsurgencia durante la guerra civil. El EMP, la G–2 de la inteligencia militar y el Departamento de Investigaciones Criminales (DIC) de la Policía, juntos organizaron los más brutales actos de represión del régimen militar en un contexto de impunidad total. Para finales de los ochenta, su atención se dirigió cada vez más a la persecución del crimen organizado, sólo para que el mismo fuera utilizado por los comandantes para involucrarse en actividades ilegales, tales como robo de autos, secuestros y narcotráfico, como en Pakistán, los militares también usaron su acceso al poder del Estado de los tiempos de guerra, y a la elite económica para adquirir un imperio empresarial lícito, incluyendo los monopolios estatales de la electricidad y las telecomunicaciones, la línea aérea nacional y un canal de televisión nacional.El primer intento serio para arrancar las redes ilícitas conectadas con el establecimiento militar se inició en 1996, con el despido de 27 oficiales incluyendo a importantes generales vinculados con una operación de contrabando supuestamente dirigida por Alfredo Moreno Molina. Pero un relajamiento en el interés oficial por desmantelar estas redes, acompañado de la victoria de un candidato populista de derecha en las elecciones presidenciales de 1999, interrumpió la ofensiva política y judicial contra el crimen organizado influenciado por los militares.En vez de ello, los años desde entonces han sido testigos de un agudo incremento en la tasa de asesinatos en Guatemala, un colapso del sistema judicial y una fragmentación del crimen organizado en varios carteles que parecen competir por la influencia política y territorio criminal. Varios de estos grupos parecen tener sus raíces en la camaradería de oficiales militares retirados (La Cofradía y El Sindicato, por ejemplo), aunque también parece probable que la Policía del país y la elite empresarial dominante tengan una presencia cada vez mayor en el crimen organizado; el examen de casos individuales ciertamente sugiere que muchos de estos contubernios son aventuras oportunistas que reúnen a empresarios criminales y a funcionarios importantes del Estado y de la seguridad, de acuerdo con las circunstancias. Además, los expertos sostienen que estos grupos han creado diferentes ramas operativas para tratar con aliados políticos y el organismo judicial, manejando actos de violencia y lavando las ganancias.En términos de la gobernabilidad de Guatemala, los resultados de este atrincheramiento criminal en el Estado han sido la perpetuación de instituciones públicas frágiles, corruptas y subfinanciadas, que en cambio, se ven imposibilitadas o sin deseos de montar cualquier respuesta seria a las redes del crimen organizado. El recién electo presidente, Álvaro Colom, parece estar decidido a cortar los vínculos de estos carteles, con la autoridad estatal, y apoya plenamente a la CICIG, pero sus planes están destinados a chocar en algún punto con su necesidad de apoyo de parte de su propio partido y otros partidos políticos en el Congreso (donde el 43 por ciento de los diputados se cambiaron de lado en la última legislatura), de instituciones estatales clave, y de importantes corredores de poder locales.
Caso PerúFuera de estos dos ejemplos, las estructuras paralelas de poder desempeñaron un papel central en la vida política de Perú en el Gobierno del presidente Alberto Fujimori en los años noventa, donde de acuerdo con la Comisión Peruana de la Verdad y la Reconciliación, “se estableció una relación funcional entre el poder político y la conducta criminal”. El informe final de la Comisión de la Verdad argumenta que la asunción de poderes autoritarios de parte de Fujimori y los poderes extralegales concedidos a los servicios de inteligencia (Sin) bajo Vladimiro Montesinos, parecen haber servido en la lucha contra la insurgencia marxista de 1992 a 1993, pero se perpetuaron después como un medio para reforzar al régimen, eliminar a los oponentes y comprar a los poderes políticos rivales. Los operativos militares y de inteligencia también jugaron un papel importante en el comercio peruano de drogas, una relación que primero se inició en el área rural del Perú en los años ochenta, seguida de una rivalidad intensa entre la guerrilla de Sendero Luminoso y los traficantes internacionales, a quienes apoyaban los militares, por el control de la producción de cocaína.El caso peruano es de particular interés, porque la evidencia que se relaciona con los orígenes de este Estado de sombras y las tareas que ha venido acumulando desde el 2000, cuando Fujimori renunció y buscó refugio en Japón. Montesinos, en efecto, sirvió como interlocutor entre la débil y formal estructura política del Oresidente, y el aparato de seguridad y militar sobre el cual el jefe de inteligencia estableció poderes informales enormes a través de su red de pagos, sistemas de espionaje y el nombramiento de funcionarios leales. Esta adquisición de poderes extraordinarios no puede explicarse sin considerar el contexto peruano de finales de los años ochenta, en los que el Estado estuvo muy cerca de un total colapso, como resultado de una crisis económica y dos ofensivas terroristas simultáneas. A pesar de su reputación insalubre, Montesinos logró compensar la esclerosis de las autoridades estatales, judiciales y de seguridad, acarreando información y contactos entre estos tres, mientras Fujimori establecía una legitimidad populista y quebradiza. De esta forma, los dos hombres, el Presidente y su asesor en jefe, contribuyeron al éxito indudable de la campaña contra el Sendero Luminoso, rehabilitaron al Ejército y a los servicios de seguridad, y procedieron a explotar los métodos extralegales de contraterrorismo (así como las elevadas tasas de aprobación popular) en su progresiva anexión del poder. Los países de la post–era comunista han sido testigos de vínculos íntimos entre los empresarios criminales y los dirigentes políticos, aunque en muchos casos el Gobierno central, ya sea que carecía de cualquier semblanza de control sobre las acciones de los corredores de poder locales (como parecería ser el caso de la Rusia de Yeltsin), o estaba totalmente comprometido con la actividad criminal, como en el caso de la Serbia de Slobodan Milosevic, donde “el Gobierno se transformó en una cleptocracia”. Ambos casos son por lo tanto más característicos del paradigma simbiótico, y les falta la dinámica transaccional entre las estructuras estatales formales y los poderes informales que se ven en otros casos. En el caso de Serbia, sin embargo, el Estado de mafia se desintegró aún antes de la derrota electoral de Milosevic, en una tempestad de violencia interna, la llamada “Primavera Sangrienta”. Se encuentra un caso ligeramente distinto en el país de África Occidental, de Guinea Bissau, donde el territorio costero es notablemente difícil de vigilar, mientras que el Estado es débil, pobre y ha estado sujeto frecuentemente a golpes militares. Aquí el problema principal de gobernabilidad parece ser el resultado de la intrusión de narcotraficantes colombianos, cuyos recursos monetarios opacan demasiado los recursos del Estado, y quienes entonces tienen el poder de sobornar a los funcionarios sin dificultad. En este aspecto, es notable que Guinea Bissau, de acuerdo con las Naciones Unidas “es uno de los (países) más militarizados en África Occidental”, haciendo demasiado difícil para los funcionarios de Gobierno enfrentarse al establecimiento militar tan poderoso, aunque las evidencias sugieren que se encuentran fuertemente involucrados en el creciente comercio de las drogas. Una señal de esta tensión dentro del Estado se ha visto en la forma de la repentina libertad de sospechosos, o en el despido de funcionarios claves anticorrupción, incluyendo al Jefe de la Policía Judicial.