martes, 2 de septiembre de 2008

MODELO PARA ESTADOS DE DERECHO


U. de Chile:Iniciativa aplicará indicadores de medición del Estado de Derecho comenzado en Chandigarh
El proyecto piloto "Indicadores para medir el funcionamiento del Estado de Derecho: Una aproximación global", realizado por el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, busca generar un aporte sustantivo en las políticas públicas de 36 países en un plazo de cinco años. La propuesta coloca a los profesionales de la Casa de Estudios a la vanguardia en investigación social.
Útiles herramientas para evaluar el progreso de áreas clave de la gobernabilidad son los indicadores de desempeño. Por esto, el Proyecto Mundial de Indicadores de Justicia- que
contó con la participación del Instituto de Asuntos Públicos (INAP) de la Universidad de Chile- desarrolló un conjunto de 60 indicadores del Estado de Derecho.
Con el apoyo del Proyecto Mundial de Justicia de la American Bar Association, el Vera Institute of Justice (VERA) se unió a tres socios de la Alianza Global ALTUS -de la que el INAP de la Casa de Bello es miembro fundador- para formar el Proyecto Mundial de Indicadores de Justicia (PMIJ) VERA-ALTUS.
La implementación piloto se testeó en cuatro ciudades del mundo: Chandigarh (India), Lagos (Nigeria), Nueva York (Estados Unidos) y Santiago (Chile). El centro de Estudios
en Seguridad Ciudadana ejecutó este plan en la Región Metropolitana, contribuyendo así al análisis local del Estado de Derecho en nuestro país.
Operativamente se accedió a la definición de Naciones Unidas para Estado de Derecho, base conceptual desde la cual fue elaborado el conjunto de indicadores: "Se refiere a un principio de gobierno en el que todas las personas, instituciones y entidades -públicas y privadas- incluyendo al Estado, deben rendir cuentas en el marco de leyes conocidas por el público, aplicadas de manera igualitaria e interpretadas por una entidad independiente, y que son consistentes con las normas y acuerdos internacionales sobre Derechos Humanos.
Requiere asimismo, de medidas que aseguren la adhesión al principio de legalidad, igualdad ante la ley, rendición de cuentas de acuerdo a la ley, aplicación igualitaria de la
ley, separación de poderes, participación en la toma de decisiones, certeza legal, eliminación de la arbitrariedad, y transparencia procesal y legal".
Alejandra Mohor, coordinadora local del proyecto, explicó que hay datos de gran relevancia orientados a la implementación de políticas públicas, entre los que se destaca "el nivel de conocimiento que tienen los ciudadanos sobre cómo realizar denuncias, un ámbito crítico en materia de seguridad". Es así como se efectuó un análisis por indicadores relevantes que aportan contenidos novedosos para el estudio del funcionamiento del estado de Derecho en Chile.
Por ejemplo -dijo Alejandra Mohor- ante la pregunta: ¿Si usted fuese victima de robo/asalto en la calle, ¿Conoce los procedimientos parar denunciarlo? Un 71,93 de los consultados afirmó conocer el procedimiento de denuncia, mientras que un 28,07 por ciento dijo que No.
Del 71,93 que "conoce los procedimientos", sólo un 50 por ciento conoce efectiva y formalmente cómo denunciar. De acuerdo al Código Procesal Penal la denuncia puede ser formulada ante la policía o tribunal de competencia criminal que corresponda, siempre que conste la firma del denunciante y del funcionario que la recibe, lo que supone la presencia del denunciante ante la autoridad competente. Una llamada telefónica o aviso requiere de este procedimiento, pero no todos lo saben.
La confección de este informe, comentó su coordinadora, "es un primer paso que consiste en dar a conocer la metodología utilizada y los resultados de su aplicación. Con esta publicación comienza una etapa de revisión de indicadores, pues estamos conscientes de que hay algunos de ellos que son perfectibles".
La relevancia de este proyecto obliga a pensarlo en función de su replicabilidad. Por eso el Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana del Inap deberá conducir en los próximos meses las siguientes acciones: "Diseminación del informe en todo Chile; consolidar las alianzas institucionales existentes y generar protocolos de colaboración que permitan hacer mas expedito y eficiente el levantamiento de datos administrativos para las futuras
realizaciones del proyecto". La meta es aplicar este instrumento en 36 países en un lapso de tiempo de cinco años. Entre las naciones que serían evaluadas próximamente están Rusia y Brasil.
Existe Evidencia Alentadora, es decir, que se cumple adecuadamente con los estándares asociados a la canasta en que: la población tiene la capacidad de ejercer influencia en el trabajo legislativo; la administración pública funciona sin discriminación; la contratación con el Estado es realizada sin discriminación; las leyes son aplicadas equitativamente en el país; las personas tienen acceso a denunciar un delito y recibir una respuesta adecuada.
Hay Alguna Evidencia -nivel de cumplimiento regular de los estándares- en que las personas tienen un acceso igualitario a la información respecto de sus derechos y a los procedimientos para acceder a los servicios policiales y legales.
No existe suficiente información para: evaluar si la población es o no informada de los procesos de tramitación de las leyes; establecer conclusiones generales respecto de los recursos, el desempeño de la actividad policial y la rendición de cuentas; concluir si la población tiene o no igual acceso y calidad en materias de representación legal; evaluar si la población es capaz de involucrarse igualitariamente con el sistema de justicia.
Existe información contradictoria respecto de: si las personas encarceladas en Santiago poseen condiciones de vida universalmente aceptables; si los jueces y los tribunales desarrollan sus funciones de manera adecuada y rinden cuentas.
Claudio Nash, director del Programa Estado de Derecho del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho, manifestó que el estudio "es de la mayor relevancia en el ámbito comparado, un esfuerzo inédito".
"Hay una serie de temas -vinculados a temas de gobernabilidad y de Derechos Humanos- que actualmente se analizan desde el punto de vista de los indicadores. En esa línea los beneficios de este trabajo son sus posibilidades de comparación y de visualización de temas".
Claudio Nash enfatizó que se trata de "un camino interesante que apunta a la búsqueda de un renovado análisis en términos de calidad. Me parece que es una propuesta muy valiente, porque abre discusiones que pueden ser mucho más complejas que algunos temas estadísticos".
El director del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Hugo Frühling, sostuvo que en los últimos años "se ha popularizado el uso de indicadores parar medir el avance hacia determinados áreas de la gestión del Estado. No obstante, estos tienen que cumplir objetivos de manera muy clara, pues medir el Estado de Derecho tiene una serie de complejidades. Si queremos progresar en serio necesitaremos demandar un catálogo de información bastante más completa que la que hoy día exhibe nuestro país".
Desde su mirada académica el profesor agregó que entre los beneficios de este informe se destaca "su contenido numérico que facilita una difusión rápida y amplia en sectores no especializados y la posibilidad de hacer comparaciones que dan visibilidad a temas de gran relevancia, generando discusión, el debate político e innovaciones de cambios sustantivos".
Información oportuna sobre las leyes que son publicadas: Estados Unidos y Nigeria informan sin considerar la diversidad de lenguas.
La sociedad civil puede asistir a las sesiones donde los proyectos de ley son discutidos y votados: Sólo en Nigeria y Chile se logró obtener información para este indicador.
En Chile se evaluó positivamente. Percepción ciudadana sobre corrupción policial: En tres de los cuatro países existe opinión mayoritaria de que los policías son corruptos. En Chile la información no fue concluyente.
Opinión sobre la efectividad de los mecanismos de responsabilización: las opiniones están divididas en India y Chile. En Estados Unidos la opinión mayoritaria fue que la policía no cuenta con mecanismos eficientes de rendición de cuentas.
Informes de ONGs sobre tortura en recintos carcelarios: En Chile y Nigeria se conoció de al menos un reporte de tortura o malos tratos al interior de las prisiones. En India no existe ninguno, mientras que en Estados Unidos se consultó a expertos que no mostraron acuerdo.
Indicador de hacinamiento en cárceles: Lagos y la Región Metropolitana mostraron niveles de hacinamiento sobre el 150%, Chandigarh y Nueva York operan por debajo del 100%
de la capacidad carcelaria.
Disponibilidad de asesoría legal gratuita: En todos los países existe consejería legal gratuita. Sólo Chile informó de tiempos de espera para causas civiles.